Viernes, 18 de octubre de 2013
Noticias generales
Los inspectores piden que Hacienda cobre la deuda de la Seguridad Social
Cinco Dias, 17 de octubre de 2013
· La propuesta ya ha sido remitida a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda
· Los inspectores sostienen que la medida permitiría un ahorro en personal e infraestructuras
· Los inspectores sostienen que la medida permitiría un ahorro en personal e infraestructuras
JAUME VIÑAS
MÁLAGA
17-10-2013 21:00
Resulta habitual que un contribuyente moroso con la Administración Pública tenga deudas con la Agencia Tributaria y, a su vez, con la Seguridad Social. Cada uno de estos organismos tiene su propia unidad para recaudar los tributos o cotizaciones pendientes en vía ejecutiva, que se inicia una vez expirado el plazo de pago voluntario. Además, comunidades y ayuntamientos también cuentan con órganos concretos para cobrar las deudas de tributos autonómicos y locales.
Los inspectores de Hacienda alertaron ayer durante la celebración de su congreso anual en Málaga que esta situación resta eficiencia al sistema. En su opinión, la reforma ideal pasaría por unificar todos los órganos de recaudación ejecutiva en un solo ente público, aunque aceptan que este objetivo de máximos difícilmente contaría con el apoyo de las citadas administraciones.
Sin embargo, entienden que dentro de la Administración central sí que sería posible unificar en un solo ente las unidades de recaudación ejecutiva que, entre otras funciones, ordenan los embargos cuando un contribuyente no salda sus deudas con la Administración Pública. El informe presentado ayer, que se enmarca en el proceso de reforma fiscal y de la Administración Pública emprendida por el Gobierno, plantea la creación de un nuevo órgano bautizado con el nombre de Administración Tributaria Independiente (ATI), que sería sucesor de la actual Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, defendió que este nuevo organismo, que se limitaría a la recaudación en vía ejecutiva, podría implementarse en diversas fases. Primero, se reforzarían los vínculos ya existentes entre las unidades fiscales y de cotizaciones hasta llegar a una fusión total. Según su propuesta, ello generaría ahorros de personal y de infraestructuras.
En cualquier caso, sería la Agencia Tributaria quien absorbería las funciones de la Seguridad Social en la medida en que los inspectores sostienen que su sistema informático es capaz de asumir la gestión de todas las deudas del sector público. Ello significa que funcionarios de la Seguridad Social deberían integrarse dentro del funcionamiento de la Agencia Tributaria. Pérez Boga rechazó que su propuesta suponga una suerte de opa hostil y aseguró que también los inspectores fiscales pueden aprender de la experiencia de los equipos de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. De hecho, reconoció que son más ágiles a la hora de dictar y llevar a cabo embargos.
La propuesta ya ha sido trasladada al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Ninguno de ellos ha ofrecido todavía su opinión. El informe no se ha remitido al Ministerio de Empleo ni al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Los inspectores son conscientes que cualquier órgano público es reacio a perder competencias y, por ello, temen que su propuesta reciba, al “menos en un primer momento”, el rechazo de los funcionarios de la Seguridad Social.
En cualquier caso, reclaman avanzar en medidas como la creación de una base de datos conjunta. Respecto a las comunidades, los inspectores recomiendan que las agencias tributarias autonómicas se encarguen de la gestión de la deuda de los municipios. Así, los ayuntamientos liberarían recursos que podrían destinarse a “otras tareas”.
Un cuerpo de funcionarios de Hacienda de la UE La primera jornada del Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado sirvió para constatar que la Administración Tributaria se ha quedado desfasada para luchar contra el fraude en un mundo globalizado. Al menos, esa es la opinión del colectivo dedicado a luchar contra la evasión fiscal. El director adjunto de la Oficina de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria, Gerardo Pérez Rodilla, defendió la necesidad de crear un cuerpo de inspectores fiscales a nivel europeo. Sin embargo, el presidente europeo del Tax Executives Institute criticó la inseguridad jurídica que sufren las multinacionales ante los cambios de criterio de las administraciones tributarias de la UE, que tildan de evasión fiscal operaciones que hasta ahora se consideraban legales. En cualquier caso, Ubaldo González de Frutos, representante de la OCDE, aseguró que las multinacionales logran a través de planificaciones fiscales agresivas que sus beneficios tributen entre el 1% y el 1,5%.
De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado medidas para elevar los impuestos que pagan las grandes empresas. Una de las medidas más aplaudidas es la limitación de la deducción de los gastos financieros. Hasta ahora, la legislación española permitía a las empresas deducirse sin ningún límite los intereses, lo que incentivaba el endeudamiento. Además, la Agencia Tributaria detectó que operaciones financieras entre filiales de un mismo grupo multinacional se establecían con el único objetivo de rebajar la factura tributaria.
La OCDE ya ha presentado un informe con medidas concretas para evitar que las multinacionales trasladen sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Sin embargo, cualquier reforma fiscal dentro de la UE requiere de la unanimidad de los Estados miembros y ello dificulta cualquier avance.
Los inspectores de Hacienda alertaron ayer durante la celebración de su congreso anual en Málaga que esta situación resta eficiencia al sistema. En su opinión, la reforma ideal pasaría por unificar todos los órganos de recaudación ejecutiva en un solo ente público, aunque aceptan que este objetivo de máximos difícilmente contaría con el apoyo de las citadas administraciones.
Sin embargo, entienden que dentro de la Administración central sí que sería posible unificar en un solo ente las unidades de recaudación ejecutiva que, entre otras funciones, ordenan los embargos cuando un contribuyente no salda sus deudas con la Administración Pública. El informe presentado ayer, que se enmarca en el proceso de reforma fiscal y de la Administración Pública emprendida por el Gobierno, plantea la creación de un nuevo órgano bautizado con el nombre de Administración Tributaria Independiente (ATI), que sería sucesor de la actual Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, defendió que este nuevo organismo, que se limitaría a la recaudación en vía ejecutiva, podría implementarse en diversas fases. Primero, se reforzarían los vínculos ya existentes entre las unidades fiscales y de cotizaciones hasta llegar a una fusión total. Según su propuesta, ello generaría ahorros de personal y de infraestructuras.
En cualquier caso, sería la Agencia Tributaria quien absorbería las funciones de la Seguridad Social en la medida en que los inspectores sostienen que su sistema informático es capaz de asumir la gestión de todas las deudas del sector público. Ello significa que funcionarios de la Seguridad Social deberían integrarse dentro del funcionamiento de la Agencia Tributaria. Pérez Boga rechazó que su propuesta suponga una suerte de opa hostil y aseguró que también los inspectores fiscales pueden aprender de la experiencia de los equipos de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. De hecho, reconoció que son más ágiles a la hora de dictar y llevar a cabo embargos.
La propuesta ya ha sido trasladada al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Ninguno de ellos ha ofrecido todavía su opinión. El informe no se ha remitido al Ministerio de Empleo ni al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Los inspectores son conscientes que cualquier órgano público es reacio a perder competencias y, por ello, temen que su propuesta reciba, al “menos en un primer momento”, el rechazo de los funcionarios de la Seguridad Social.
En cualquier caso, reclaman avanzar en medidas como la creación de una base de datos conjunta. Respecto a las comunidades, los inspectores recomiendan que las agencias tributarias autonómicas se encarguen de la gestión de la deuda de los municipios. Así, los ayuntamientos liberarían recursos que podrían destinarse a “otras tareas”.
Un cuerpo de funcionarios de Hacienda de la UE La primera jornada del Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado sirvió para constatar que la Administración Tributaria se ha quedado desfasada para luchar contra el fraude en un mundo globalizado. Al menos, esa es la opinión del colectivo dedicado a luchar contra la evasión fiscal. El director adjunto de la Oficina de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria, Gerardo Pérez Rodilla, defendió la necesidad de crear un cuerpo de inspectores fiscales a nivel europeo. Sin embargo, el presidente europeo del Tax Executives Institute criticó la inseguridad jurídica que sufren las multinacionales ante los cambios de criterio de las administraciones tributarias de la UE, que tildan de evasión fiscal operaciones que hasta ahora se consideraban legales. En cualquier caso, Ubaldo González de Frutos, representante de la OCDE, aseguró que las multinacionales logran a través de planificaciones fiscales agresivas que sus beneficios tributen entre el 1% y el 1,5%.
De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado medidas para elevar los impuestos que pagan las grandes empresas. Una de las medidas más aplaudidas es la limitación de la deducción de los gastos financieros. Hasta ahora, la legislación española permitía a las empresas deducirse sin ningún límite los intereses, lo que incentivaba el endeudamiento. Además, la Agencia Tributaria detectó que operaciones financieras entre filiales de un mismo grupo multinacional se establecían con el único objetivo de rebajar la factura tributaria.
La OCDE ya ha presentado un informe con medidas concretas para evitar que las multinacionales trasladen sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Sin embargo, cualquier reforma fiscal dentro de la UE requiere de la unanimidad de los Estados miembros y ello dificulta cualquier avance.
