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Martes, 13 de septiembre de 2011

Noticias generales
Trabajo tiene paralizada la formación de 25.000 autónomos

Cinco Dias, 13 de septiembre de 2011

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo tiene pendientes de adjudicación los cursos formativos de alrededor de 25.000 trabajadores autónomos. Desde las asociaciones de este colectivo se culpa de la paralización a la polémica sobre el reparto de la representatividad de los trabajadores, que ya está en los tribunales.

·El Congreso no retocará la negociación colectiva

· Difícil cobro de la prestación por cese de actividad

R. Pascual - Madrid - 13/09/2011 - 07:00

Habitualmente, las solicitudes de programas formativos para los trabajadores (asalariados o autónomos) se suelen hacer en el primer trimestre del año y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo concede los cursos y su financiación antes del verano. Sin embargo, desde distintas asociaciones de trabajadores autónomos denuncian que este año la concesión de estos cursos "está totalmente paralizada", indican fuentes del colectivo.

Según las respuestas dadas a los afectados, el motivo de esta paralización ha sido la decisión del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de elevar a la Abogacía del Estado el reparto de la representatividad entre las asociaciones de autónomos. Los servicios jurídicos estatales estudian, a su vez, remitir al juez este reparto hecho por el Consejo de la Representatividad ante posibles irregularidades en la documentación que otorgaba el primer puesto a UPTA-UGT.

Este año, por primera vez, se liga la concesión de las subvenciones (casi 13 millones) y cursos formativos a la representatividad de cada asociación, por lo que lógicamente si el reparto de dicha representatividad ha llegado a manos de un juez, los autónomos no han tenido aún noticias del importe de las ayudas asignadas. Fuentes del Ministerio de Trabajo admiten que los cursos no se están concediendo, pero niegan que el motivo sea la decisión de Gómez de elevar la polémica sobre la representatividad al terreno judicial.

"Está habiendo un poco de retraso", reconocen desde el Departamento de Empleo, pero lo achacan al cambio de gerencia en la fundación, tras la llegada de Gómez en noviembre y, quizás a las elecciones de mayo, "que han retrasado todo; además, las finanzas están como están", remarcan.

Las mismas fuentes argumentan que esta polémica no es la causa para no conceder los cursos, "ya que la formación solicitada por las entidades ligadas a la economía social también está paralizada". Dicho esto, Trabajo asegura que los cursos se van a autorizar próximamente, aunque no precisan una cantidad concreta. En los dos últimos años, se han concedido unos 25.000 cursos cada ejercicio.

Al margen de esta situación, los autónomos están pendientes de conocer la resolución de la Abogacía General del Estado y, en su caso, del juez correspondiente sobre la legalidad del reparto de representatividad hecho a principios de junio por el Consejo de la Representatividad.

Dicho órgano (de cuya independencia se duda desde las asociaciones ATA y Uatae, que han recurrido su resolución al juzgado de lo contencioso administrativo) otorgó el primer puesto a la Asociación UPTA, incluida en UGT. Según los criterios oficiales, ATA pudo demostrar que tenía 108 sedes frente a las 95 de UGT, pero el Consejo de la Representatividad argumentó posteriormente el uso del criterio de "implantación territorial" (que no aparece en los oficiales), para mantener la primacía de UPTA. Es más, fuentes del colectivo aseguran que la organización de la UGT aportó documentación sobre casi 300.000 socios "cuando todos sabemos que no tiene más de 20.000".

El Congreso no retocará la negociación colectiva

El Congreso de los Diputados ha ampliado hasta el jueves el plazo de enmiendas al proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva, con lo que hace imposible concluir la tramitación parlamentaria del texto, derivado del decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Ejecutivo salvó la convalidación de este decreto ley gracias a las abstenciones de los nacionalistas catalanes y vascos, con los que se comprometió a modificar la norma para introducir la prevalencia de los convenios sectoriales autonómicos y a negociar una "mayor flexibilidad interna" de las empresas, sin descartar tampoco cambios puntuales de los plazos sobre la ultraactividad de los convenios, que se fija ahora entre 8 y 14 meses.

Difícil cobro de la prestación por cese de actividad

El Gobierno ya ha elaborado un proyecto de real decreto que desarrolla el reglamento del nuevo sistema de prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos (equivalente a la prestación por desempleo).

Este reglamento acota una serie de exigencias para este colectivo si quieren cobrar esta prestación, que han sido consideradas como "excesivas" por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae). Así, consideran "rotunda y demasiado excluyente" la definición que hace la norma de causas de "fuerza mayor" para acceder a la prestación: "una fuerza superior a todo control y previsión, ajena al trabajador autónomo o empresario".

Además, esta asociación se queja de posibles problemas técnicos a la hora de acreditar las pérdidas económicas mediante certificado de la Agencia Tributaria. Para ello, Hacienda necesita los datos de la declaración del IRPF, por lo que podrían plantearse problemas para suministrar este documento en plazo si la situación de desempleo se produce antes de mayo, dado que el plazo para presentar este impuesto es mayo y junio, explican.

Otras de sus denuncias se refieren al hecho de que el reglamento impida la ampliación de la duración económica de la prestación si el beneficiario cumple 60 años durante el cobro de la misma y la negativa a modificar la cuantía de la prestación en función de los hijos que se tengan a cargo. En ambos casos consideran que se contraviene la ley inicial que creó esta protección.

Esta asociación también reclama la reducción de nueve a seis meses de derecho de cobro generado para poder cobrar la prestación de una sola vez.




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